Sin embargo, con la gravedad que conlleva este crimen, no debe conducir a una cacería de brujas sin concierto y sobre todo no puede ser prejuzgado por una opinión pública, desatada en las redes sociales, tan dada como es a condenar sin pruebas y por medio de percepciones y reacciones viscerales.
Es claro que el caso tiene muchísimos matices y recovecos y que en el mismo está involucrada una enorme maraña de intereses que parecería conducir a la narcopolítica que se ha enseñoreado en diversos puntos del territorio nacional –puntos focalizados y localizados–, aunque no en todo México.
Me parece muy importante hacer esta distinción, porque no es verdad que la república en su totalidad esté en manos del crimen, como no lo es que exista un plan maquiavélico del gobierno para reprimir al pueblo, etcétera, según se maneja en algunos medios de la “opinotecnocracia” (Ángel Aguirre dixit, aunque seguramente quiso decir opinocracia).
En este contexto, la agresión contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por un grupúsculo de radicales resulta infame y que haya quienes la justifiquen es más infame aún (he leído cada comentario de una vileza inenarrable).
Por el bien de México, entonces, y por su propio bien, el gobierno federal está obligado a esclarecer los crímenes de Iguala y no caer esta vez en el conocido “se investigará hasta las últimas consecuencias”, cuyos nulos resultados ya conocemos sobrada e históricamente.
Sin maniqueísmos, con inteligencia, hay que igualar lo que en Iguala se desigualó. No hacerlo, puede tener consecuencias funestas. Que se conozcan la verdad y el fondo de lo acontecido, por duro que esto sea.
(Publicado hoy en mi columna "Cámara húngara" de Milenio Diario)
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