Si algo priva en Michoacán y, más específicamente, en la región de Tierra Caliente es la confusión. Sobre todo para quienes observamos el asunto desde fuera de esos territorios en los que interactúan autoridades estatales y municipales, dos o tres cárteles de la droga, bandas del crimen organizado, grupos de autodefensa y ahora, también, el gobierno de la República, el ejército, la marina y la policía federal. Aquello es un galimatías en el cual el posible estallido de la violencia generalizada pende de un hilo y en el que se tiene que actuar de inmediato, con precisión, inteligencia, decisión, fuerza y legalidad. O sea, casi nada.
Hay quienes quieren ver en todo esto el caldo de cultivo de esa revolución armada por la que claman y suspiran desde la comodidad de sus escritorios, sus computadoras, sus tabletas o sus smartphones. Yo no veo sin embargo un componente ideológico en lado alguno del conflicto michoacano. Esto es mucho más turbio, mucho más opaco. Las policías comunitarias no son grupos guerrilleros y tienden más bien a convertirse, peligrosamente, en bandas paramilitares. Pero si se les desarma, ¿qué harán al momento en que, por ejemplo, los Templarios lancen una feroz ofensiva contra ellas?
Por eso digo que el problema es complicadísimo y que no se resuelve con consignas de ciento cuarenta caracteres. La solución no se vislumbra, pero el gobierno no tiene más remedio que intervenir. Condenable no es que lo haga, condenable sería que no lo hiciera. Aunque se indignen los tuiteros en blanco y negro.
(Publicado hoy en mi columna "Cámara húngara" de Milenio Diario)
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