Se trata a todas luces de una gran farsa en la que los dados están cargados y en la que al final todo lo determinirá una sola persona (quien seguramente ya tiene la decisión tomada). Kafkiana, enredada, inconstitucional, la consulta se le hará a muy pocas personas (ni siquiera el uno por ciento del padrón electoral) y parece claro que la opción por Santa Lucía es la que ganará, sin que ello garantice que el presidente electo opte por dicha opción. Así de delirante el asunto.
Aparte de todo, la consulta tiene características que rozan con la ilegalidad, ya que el artículo 35 de la Constitución señala que para realizarla tiene que ser convocada por el jefe del Ejecutivo (AMLO todavía no lo es), por una tercera parte de las cámaras de Diputados o Senadores o 2 por ciento del total del padrón electoral, que debe estar a cargo del INE, que las preguntas las tiene que aprobar la Suprema Corte de Justicia, que se debe realizar el mismo día que la elección federal y que es obligatoria para el gobierno si participa 40 por ciento de la lista nominal de electores. Nada de eso se cumple en esta desfachatada imitación de consulta que nada tiene de popular y mucho ofrece de vodevil carpero.
Esto poco parece importar a sus organizadores del gobierno de transición, quienes la llevarán a cabo, la financiarán, la vigilarán, contarán los votos y manejarán todo al viejo estilo priista, como en aquellos tiempos que creíamos superados, en los que las votaciones eran manipuladas por el gobierno en turno, por medio de la Secretaría de Gobernación.
Un gran teatro, pues. Una farsa que preocupa no sólo por la suerte del aeropuerto, sino porque nos permite ver el modo como se conducirán las cosas en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación. De dar miedo.
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